El otro día, en el transcurso de una conferencia de presentación del estudio Energía 3.0, una de las personas asistentes ponía encima de la mesa la gran preocupación que le producía el ver que para el año 2050 el coste del sistema energético E3.0 era muy inferior (del orden del 9%) al del sistema tendencial (BAU). Y la preocupación surgía de la siguiente consideración (al menos tal y como yo la interpreto): Actualmente la administración recauda muchos fondos a partir de los impuestos sobre el coste asociado al consumo de energía, si el coste se reduce tanto, ¿qué pasará con la recaudación de impuestos?, ¿cómo podrá funcionar nuestra administración, actualmente ya contra las cuerdas desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos monetarios, si le reducimos la recaudación impositiva del sistema energético?
La verdad es que prácticamente siempre resulta enriquecedor poder observar las situaciones desde otras perspectivas. En este caso, a mi me sirvió para hacer evidente un elemento estructural que podía actuar como barrera conceptual para acompañar el inicio de la transición del sistema energético. Y es que efectivamente, la preocupación que manifestaba esta persona en la conferencia del otro día, instaurada en la mente, puede nublar completamente el acceso a los elementos estructurales y al fin último que necesitamos perseguir para impulsar la transición del sistema energético.
Creo que esta situación, al igual que la de abrazar el PIB como indicador de ‘crecimiento’ y ‘salud’ de nuestro sistema económico que comentábamos en un post anterior, resultan muy ilustrativas de las ‘trampas’ implícitas en los sistemas actuales que nos dificultan el proceso de maduración. Una vez más tenemos que evitar que los árboles no nos dejen ver el bosque, y escapar de las trampas conceptuales que nos hacen confundir los medios con los fines y que nos conducen a mantener un ‘enfoque del absurdo’ que nos condena, a modo de ‘maldición’, a permanecer dentro de la estructura de los sistemas actuales con el sentimiento catastrofista de que no se puede hacer otra cosa. Por esto creo que merece la pena profundizar un poco en la ‘duda existencial’ que planteaba esta persona.
Cuando hablamos de los costes del sistema energético, el primer punto que es preciso aclarar es la diferenciación entre los ‘costes para la sociedad’ y lo que hoy denominaríamos los ‘costes para el consumidor’. La carga impositiva se refleja en los segundos, mientras que los primeros no incorporan la carga impositiva. En el estudio Energía 3.0, el foco está puesto en los costes para la sociedad, que son los que nos interesan desde la perspectiva macro del estudio, y por tanto se trata de costes sin impuestos. Y puesto que la carga impositiva y su distribución entre los distintos mecanismos de recaudación constituyen un elemento conceptual totalmente independiente de los aspectos considerados en Energía 3.0, y que no afecta a la evaluación del potencial de ahorro para la sociedad, no se hace referencia alguna a ello en el marco del estudio Energía 3.0.
Una segunda consideración, de carácter lingüístico, pero con cierta carga ideológica, que quiero introducir desde ya, es la sustitución del término ‘consumidor’ por ‘persona’, para reflejar la transición desde una economía del híper-consumo basada en el consumo de productos, hacia una economía del compartir, basada en la prestación de servicios, con un sistema energético gobernado por la demanda, que se encuentran detrás de los planteamientos del estudio Energía 3.0. Así pues, hablaremos de ‘costes para la sociedad’ y ‘costes para las personas’.
La tercera consideración es que los costes para la sociedad del sistema energético, se encuentran totalmente desligados de la carga impositiva que resulte necesario aplicar sobre el sistema energético, y por tanto no hay ningún fundamento ni razón para que la preocupación que surgió en la conferencia del otro día actúe como barrera para focalizar hacia la transición del sistema energético. Cojamos un poco de perspectiva para recapacitar sobre el absurdo de la conclusión a la que puede conducirnos el hilo argumental de esa preocupación: Si reduzco el coste del sistema energético, se reduce la recaudación impositiva por lo que colapsan las administraciones y se va todo al garete, por lo que debemos evitar a toda costa la reducción del coste del sistema energético (a pesar de que ello sea la causa fundamental que sangra nuestra economía), y a poder ser incrementarlo, para dirigirnos más rápido hacia el precipicio. Hay diversos ‘pasos en falso’ en este razonamiento que afortunadamente nos libran de su conclusión catastrofista: La gestión de la carga impositiva es totalmente independiente de los costes para la sociedad del sistema energético, y en ningún caso contribuye a eliminar el beneficio para las personas de una reducción del coste para la sociedad.
Una cuarta consideración es sobre el reparto entre los distintos instrumentos recaudatorios. El reparto de la carga impositiva entre los distintos elementos recaudatorios, como el consumo de energía, es otro grado de libertad disponible por el sistema administrativo. Por tanto, ante una evolución estructural del sistema energético, ni tan solo sería imprescindible mantener constante la carga impositiva sobre el sistema energético, pudiéndose redistribuir ésta entre otros mecanismos recaudatorios.
Una quinta consideración es sobre el propio origen de la carga impositiva. En principio, la carga impositiva total debería responder a las necesidades del sistema administrativo para proporcionar los servicios requeridos por la sociedad. En un sistema administrativo inteligente, este sería el caso, pero en el actual contexto de un sistema administrativo cuya inteligencia a menudo brilla por su ausencia, esta no es la situación real, y buen reflejo de ello es la situación actual que estamos atravesando de crisis profunda en la disponibilidad de recursos monetarios del sistema administrativo, aplicando recortes a diestro y siniestro sobre servicios fundamentales para la sociedad (educación, sanidad), como medio para enmendar una trayectoria especulativa donde la ineficiencia en el mantenimiento de la propia infraestructura administrativa y la hipotecación más allí de los límites permisibles, a menudo para desarrollar infraestructuras innecesarias (autopistas sin tráfico, variantes de autovías totalmente innecesarias, aeropuertos sin aviones,….), han conducido a un endeudamiento mucho más allí de los límites admisibles que ahora nos va tocar cubrir a todos. No me puedo resistir en este punto a comentar el ejemplo del pequeño pueblo en el que vivo, con un alcalde establecido desde ya más de 35 años que utiliza las atribuciones administrativas para dar servicio a sus intereses particulares y para alimentar la red clientelar que le sustenta como cacique, impulsando actuaciones especulativas en muchas dimensiones, empleando los recursos monetarios de la administración para mantener adecuadamente ‘lubricados’ los mecanismos del resto de sistemas que le permiten mantenerse como cacique y protegerle de las protestas sociales, y contratando, con dinero público, un equipo de abogados para lidiar con las múltiples denuncias que va acumulando por el camino: Si esto es lo que alimenta nuestra carga impositiva, habrá que ir planteándose muy seriamente la insumisión fiscal como primera etapa para sanear la estructura administrativa.
En la línea argumental de esta quinta consideración, cabe esperar que en un contexto E3.0, donde el sistema administrativo incorpora tanto inteligencia como gobernanza social, simplemente por motivos de eficiencia en el uso de los recursos, la carga impositiva necesaria se redujera significativamente. Además, la estabilización en los costes de la energía que proporciona el contexto E3.0, así como la eliminación de raíz de la inflación incremental en el coste de los combustibles fósiles que actualmente está sangrando nuestra economía (y que de cara al futuro no puede más que empeorar si nos mantenemos en la senda BAU), también debería contribuir a la reducción de las necesidades impositivas, al igual que la generación de valor compartido asociada a la transición de una economía del híper-consumo a una economía de consumo colaborativo. En el otro lado de la balanza, el sistema administrativo actual no está cubriendo totalmente y de forma satisfactoria los servicios requeridos por la sociedad, incluyendo elementos de justicia social entre los que se encontraría por ejemplo la contribución a la cooperación al desarrollo, lo cual podría conducir a atenuar el potencial de reducción de requerimientos impositivos en un contexto E3.0.
En la actualidad existe una fuerte carga impositiva sobre los productos energéticos, repartida de forma no homogénea sobre los distintos productos (electricidad 24% , gas natural industrial 16%, gas natural doméstico 18%, fueloil industrial 4%, gasoil doméstico 38%, diesel automoción 58%, gasolina automoción 111%). Por tanto, una primera conclusión es que ante un cambio de la estructura del sistema energético, como es la fuerte electrificación planteada en Energía 3.0, se hace necesario una redistribución de la carga impositiva sobre las distintas formas de energía final.
Veamos un ejemplo numérico para ayudar a asentar todos estos elementos:
Partamos de una serie de consideraciones a modo de hipótesis para desarrollar este ejemplo numérico:
· El tipo impositivo medio sobre el conjunto del sistema energético lo tomaremos del 50% (este no tiene que representar el valor real y es tan solo un punto de partida para ilustrar los conceptos argumentales de forma cuantificada).
· En un contexto E3.0, el equilibrio entre los elementos de reducción de los requerimientos impositivos asociados al despliegue de eficiencia, inteligencia, eliminación de la inflación energética incremental y generación de valor compartido asociado a la transición a un sistema económico colaborativo, y los elementos de incremento de los requerimientos impositivos asociado a la internalización de los servicios actualmente no cubiertos de forma satisfactoria por el sistema administrativo, conduce, en balance neto, a una reducción de un 30% sobre los requerimientos impositivos.
· Para el reparto de la carga impositiva total sobre el conjunto de elementos recaudatorios se opta por mantener fija la contribución absoluta correspondiente al sistema energético, afectándola en su caso del porcentaje de reducción sobre la carga impositiva total.
· Adoptamos como estructuras de costes para la sociedad del sistema energético las obtenidas para el año 2050 en el estudio Energía 3.0, tanto para el contexto tendencial (BAU) como para el eficiente (E3.0)
En la siguiente figura vemos representado gráficamente el coste para las personas del sistema energético en el año 2050 bajo las hipótesis anteriormente comentadas, tanto para un contexto BAU como para un contexto E3.0, y desglosado en sus dos contribuciones: coste para la sociedad y carga impositiva. El coste para las personas en 2050 sería para el contexto E3.0 un 16% del correspondiente para el contexto BAU, mientras el coste para la sociedad sería para el contexto E3.0 de un 9% del correspondiente al contexto BAU. Pero en términos absolutos, el ahorro en el coste para las personas sería de 437308 M€-2007/a, superior al ahorro en términos del coste para la sociedad que ascendería a 416974 M€-2007/a.
La siguiente figura recoge los tipos impositivos sobre el sistema energético. Para el contexto BAU se reduciría desde el 50% que tomamos de partida para el año 2007, hasta un 15% en el año 2050 como consecuencia del gran incremento del coste de la energía (denominador del tipo impositivo) y del planteamiento de mantener constante la recaudación impositiva sobre el sistema energético. Sin embargo, para el contexto E3.0 en el año 2050, el tipo impositivo sobre el sistema energético ascendería al 117%, como consecuencia de la gran reducción en el coste de la energía (denominador del tipo impositivo). Este tipo impositivo del sistema energético en el contexto E3.0 para 2050 sería del orden del empleado actualmente para la gasolina.
Vemos que lo que se incrementaría en el contexto E3.0 es el tipo impositivo, expresión relativa de la carga impositiva respecto al coste de la energía, pero no la carga impositiva absoluta, la cual incluso es de esperar que se redujera gracias al despliegue de inteligencia por el sistema administrativo.
Por tanto, la reducción del coste del sistema energético para la sociedad en el contexto E3.0 no tiene ninguna implicación negativa ni para el funcionamiento de la administración ni para el coste del sistema energético para las personas, sino todo lo contrario, haciendo que el potencial de ahorro revierta tanto sobre la sociedad como sobre las personas, y sin introducir limitación alguna a la capacidad recaudatoria de la administración, sino todo lo contrario, dotándola de mayor potencial de recursos para cubrir completamente los servicios demandados por la sociedad gracias al valor compartido que genera el tremendo ahorro en costes energéticos.
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